Los cineastas, el ICAIC y la Ley de Cine

Durante más de dos años, un numeroso grupo de cineastas cubanos, junto a directivos del ICAIC, el Ministerio de Cultura y de otras entidades del Estado Cubano, han trabajado en un grupo de propuestas de políticas para la reestructuración del cine cubano y del propio ICAIC. Sin embargo, todavía no se han logrado los cambios que necesitan el cine cubano y su institucionalidad.

Se utiliza el adverbio “todavía” para dar fe de que no han ocurrido los cambios propuestos y para subrayar nuestra seguridad de que los cambios serán posibles cuando se aprueben las propuestas que se analizan en el contexto mayor de la actualización del modelo económico y social cubano, que se propone fortalecer el socialismo en Cuba.

No podemos olvidar que con las políticas propuestas, cineastas e institución estamos interactuando con altos niveles de dirección de nuestro Gobierno, lo que sin dudas, es una oportunidad excepcional para el cine cubano. Con muchas más coincidencias que divergencias hemos avanzado no solo en la formulación de las propuestas, sino en procedimientos que pudiesen aplicarse en las que sean aprobadas.

Las políticas más importantes se refieren al reconocimiento legal del creador audiovisual como artista independiente, el reconocimiento legal de la producción audiovisual no estatal, a nuevos mecanismos de apoyo y estímulo a la producción audiovisual estatal y no estatal, a la transformación del ICAIC como entidad rectora del cine nacional y a las normativas jurídicas que deben proteger y regular al sistema del cine cubano.

En esta última dirección, se aspira a una Ley de Cine, normativa legal mayor que en muchos países, particularmente en América Latina,  ha permitido importantes avances del cine nacional. Al mismo tiempo,  la propuesta de Ley ha desatado lo que algunos interpretan como una controversia entre cineastas e instituciones. Algunos han pretendido utilizar el tema como instrumento de confrontación. En algunos medios nacionales e internacionales, la propuesta se ha manipulado, tergiversado o maltratado. Lo cierto es que la Ley de Cine ha estado, desde el comienzo del proceso de reestructuración, entre las propuestas de políticas de mayor alcance.

Un primer elemento de orden necesario obliga a considerar que una Ley es el resultado de un proceso, normalmente largo, que requiere la participación de varias instituciones, que transita por la consulta a los Diputados y termina con su aprobación por la Asamblea Nacional. Más que reclamar la aprobación de la Ley, lo que procede con la política propuesta, es comenzar su proceso de elaboración.

En varios países latinoamericanos han sido los cineastas los que han promovido su respectiva Ley. En este sentido, un grupo de cineastas cubanos adelantan el análisis de las leyes de otros países y proponen las ideas de lo que sería útil para nuestro país.

Un segundo elemento de orden se refiere a la necesidad o no de la Ley.  Desde el ICAIC hemos expresado el criterio de que una Ley de Cine debe ser la meta que consolide todas las propuestas de cambio. Sin embargo, hemos propuesto que las decisiones más urgentes no deben esperar a la Ley, sino aprobarse con otras normativas jurídicas de procedimiento más expedito.

En otros países, las leyes de cine han incrementado la producción nacional, porque han establecido nuevos mecanismos de financiamiento, principalmente desde el sector privado y dentro de este, desde el propio sector cinematográfico. En algunos países se establecen mecanismos tributarios y de incentivos fiscales para las empresas que decidan invertir en la producción de cine. El procedimiento más utilizado es la imposición de un porciento del precio de entrada al cine, que ingresa a un fondo de financiamiento a la producción. En países como Ecuador y México no se utiliza este mecanismo, pero en otros como Argentina, Brasil y Venezuela, por esta vía se recaudan varias decenas de millones de dólares para el cine.

En Cuba, la exhibición cinematográfica, como la mayor parte de la oferta de las instituciones culturales, es absolutamente presupuestada por el Estado, lo que permite un precio de entrada al cine muy bajo, aunque no cubra los costos de operación de las salas. Obviamente, en la situación actual, esta no es una fuente para financiar la producción, como tampoco lo es para la urgente modernización que necesitan las propias salas.

Aunque estas realidades puedan ser modificadas en el proceso de actualización del modelo económico, siempre se protegerá la cultura para que no sea sometida a la lógica del mercado. La distribución y exhibición cinematográfica cumplen una función cultural que debe estar preservada en manos del Estado. En muchos de los países que han encontrado mecanismos de financiamiento para la producción, puede resultar muy difícil que filmes nacionales encuentren espacios en las pantallas, aun cuando sus propias leyes también establezcan cuotas para la producción del país.

En el escenario actual es previsible el crecimiento de la producción nacional y el incremento de productores extranjeros con interés de filmar en Cuba o de invertir en áreas específicas del sistema audiovisual, tanto en la producción, como en la exhibición y comercialización. Junto a normativas generales del país, el sector audiovisual debe estar ordenado y protegido con sus propias normativas.

Una normativa de rango superior podrá cubrir todo el complejo entramado del cine y regular cuestiones imprescindibles como el ordenamiento del propio sistema audiovisual en función de la política cultural de la Revolución Cubana, la aplicación de las políticas financiera, tributaria y laboral; los mecanismos de protección y fomento del cine nacional; las regulaciones para las coproducciones y los servicios a la producción extranjera; el funcionamiento de la distribución y la exhibición cinematográfica; la comercialización interna e internacional y la salvaguarda del patrimonio audiovisual.

En un universo saturado de obras audiovisuales foráneas, muchas producidas por la industria global y hegemónica del entretenimiento, proteger y estimular la producción audiovisual nacional es una necesidad urgente para la protección y desarrollo de la cultura cubana.

(29/ 10/ 2015)